Por: Miguel Ángel Mata Mata/Reportero
Chilpancingo, Gro., a 13 de marzo del 2025 (SG). – Escondida por los rincones. Temerosa que alguien la vea. Subió despacio, despacito. Un escalón con el pie derecho. Despacito, el otro escalón, con el pie izquierdo. Apoyaba sus piernas cansadas con sus manitas y el palpitar de su corazón.
No la vieron subir. De pronto, estaba ahí. Parada en lo que se llama mesa directiva del Congreso Local. Sacó, de entre sus ropas, un cartelón con la foto de un joven, su hijo, para reclamar: “qué han hecho ustedes, diputados, por los miles de jóvenes desaparecidos”.
Los diputados callaron. Socorro Gil Guzmán, se les plantó ahí, en la que el miércoles sí fue, en efecto, la más alta tribuna del estado de Guerrero.
En diciembre del 2018, su hijo, Jonathan Romero Gil, abogado que defendía a un joven al que obligaban a vender droga, fue levantado junto con su cliente en una colonia de Acapulco.
Los que se los llevaron eran policías municipales, a bordo de patrullas oficiales. La jefa de esos policías era, en aquel entonces, Adela Román Ocampo, presidente municipal, entonces, y hoy magistrada en el Poder Judicial del estado de Guerrero.
Ella, y otras madres de desaparecidos, miembros del colectivo “Memoria, Verdad y Justicia”, reclamaron a los diputados por qué no han aprobado la Ley por la Desaparición de Personas.
No hubo respuesta al reclamo. Se supo que, desde que Alfredo Sánchez Esquivel, y luego Yoloczin Domínguez Serna, fueron presidentes de la Junta de Coordinación Política, manos extrañas desaparecieron la propuesta de iniciativa de esa ley que daría mayor presupuesto y obligaría a las instancias de gobierno a buscar, buscar, buscar a quienes han desaparecido.
Sospechosa paradoja: Su hijo fue desaparecido en Acapulco en diciembre de 2018 por policías municipales. Luego, la Fiscalía desapreció pruebas, y el gobierno federal lo desapareció por tercera ocasión, borrándolo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Hoy, en el Congreso Local, nadie sabe dónde quedó aquella propuesta.
LES RESPONDIERON
El miércoles minutos antes de las 11 horas, integrantes de diferentes colectivos de personas desaparecidas acudieron al Congreso del Estado para reunirse con la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Aracely Ocampo Manzanares, para dar seguimiento a la Ley antes mencionada.
Al concluir la reunión, los integrantes acusaron que la diputada les presentó un nuevo proyecto de Ley, distinto del que habían trabajado con anteriores legislaturas desde 2020 y que no ha sido aprobado.
Las exigencias principales de los colectivos son la autonomía de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y de la Comisión de Atención de Víctimas de Guerrero, así como la creación del Centro de Identificación Humana.
Socorro Gil encabeza la colectiva Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, y desde diciembre de 2018 busca a su hijo Jonathan Romero Gil, quien presuntamente fue desaparecido por Policías Municipales de Acapulco.
Ellas quieren ir al rancho Izaguirre que, se supo, era utilizado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un centro clandestino de entrenamiento en donde hasta este 2025 se ha documentado las prácticas de adiestramiento que se da en el Ejército y la Guardia Nacional.
RATIFICAN DIPUTADOS RESPALDO DEL CONGRESO A COLECTIVOS DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS
El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política y la diputada Araceli Ocampo Manzanares, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Guerrero, expresaron su respaldo, solidaridad, respeto y compromiso con los colectivos de familiares de personas desaparecidas y ratificaron que el Poder Legislativo está en la mejor disposición de trabajar en una Ley que garantice justicia para las personas desaparecidas y sus familiares.
APRUEBA EL CONGRESO DE GUERRERO REFORMA JUDICIAL PARA MODERNIZAR Y DEMOCRATIZAR LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Durante las dos sesiones que se llevaron a cabo el miércoles, el Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de reforma al Poder Judicial, con lo que se moderniza el sistema de justicia en la entidad, alineándolo con los principios de independencia, transparencia y eficiencia.
A favor de esta modificación, votaron las fracciones parlamentarias del Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, de la Revolución Democrática e, insólito en todo el país, la diputada del Partido Acción Nacional.
En contra votaron los de la fracción del PRI y, otra vez insólito, una diputada del MORENA, Diana Bernabé Vega, y Aristóteles Tito Arroyo, del mismo partido, no formaron parte de la aplanadora morenista. Es posible que estos casos sean únicos en el plano nacional.
La diputada Bernabé se abstuvo, y se reservó un artículo, por no estar de acuerdo en que magistrados del poder judicial se retiren, al llegar la nueva ley, con muy altos retiros, haberes y pensiones vitalicias.
El diputado Tito Arroyo votó en contra de la modificación porque la nueva ley no incluye a los pueblos originarios ni a las comunidades afro mexicanas que, en algunas regiones de Guerrero, representan entre el 40 al 98 por ciento del total de habitantes de algunas comunidades, distritos locales, federales y municipios.
Sobre este dictamen, intervinieron para fijar postura las y los diputados María Irene Montiel Servín (PAN), Erika Lorena Lührs Cortés (MC), Pánfilo Sánchez Almazán (PT), Robell Urióstegui Patiño (PRD), Alejandro Bravo Abarca (PRI) y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena) y el diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena) para razonar su voto en contra del dictamen.
En la misma sesión se aprobó la minuta que reforma y adiciona los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de no relección y nepotismo electoral.
Intervinieron en el tema las y los diputados María Irene Montiel Servín (PAN), Deyanira Uribe Cuevas (MC), Pánfilo Sánchez Almazán (PT), María del Pilar Vadillo Ruiz (PRI) y Joaquín Badillo Escamilla (Morena).
También se aprobó la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 4º y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de conservación y protección de los maíces nativos.
Participaron las y los diputados María Irene Montiel Servín (PAN), Erika Lorena Lührs Cortés (MC), Edgar Ventura de la Cruz (PT), María de Jesús Galeana Radilla (PRD), Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM), Beatriz Vélez Núñez (PRI) y María Guadalupe Eguiluz Bautista (Morena).
Además, la minuta que adiciona un segundo párrafo al artículo123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de apoyo a jóvenes, para establecer que el Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la Ley.
Participaron las y los diputados María Irene Montiel Servín (PAN), Deyanira Uribe Cuevas (MC), Edgar Ventura de la Cruz (PT), Jorge Iván Ortega Jiménez (PRD), Beatriz Vélez Núñez (PRI) y Carlos Eduardo Bello Solano (Morena).
Las y los diputados aprobaron también la minuta que reforma el segundo párrafo del artículo 19 y se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento de la Soberanía Nacional, para plasmar que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
Tampoco consentirá intervención extranjera en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables.
Intervinieron las y los diputados María Irene Montiel Servín (PAN), Erika Lorena Lührs Cortés (MC), Leticia Mosso Hernández (PT), María de Jesús Galeana Radilla (PRD), Alejandro Bravo Bravo Abarca (PRI) y Marisol Bazán Fernández (Morena)
INCIATIVAS
La Mesa Directiva dio lectura a un oficio signado por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, mediante el cual remite la iniciativa preferente de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Guerrero, que busca endurecer las penas contra delitos sexuales y la privación ilegal de la libertad de niñas, niños y adolescentes.
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de Ley de Salud Mental del Estado, para garantizar el acceso de la población al derecho de la salud mental con un enfoque psicológico, biológico, social, cultural y de derechos humanos e incorporando la perspectiva de género.
La diputada Diana Bernabé Vega (Morena) propuso adicionar la Constitución Política del Estado para garantizar la inimpugnabilidad de las reformas aprobadas por el Congreso local, fortaleciendo la soberanía legislativa, la certeza jurídica y la estabilidad del orden constitucional en el estado, en homologación con la reforma Federal en la materia.
La diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena) propuso reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para garantizar que los municipios indígenas y afromexicanos ejerzan plenamente su autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y para fortalecer su capacidad de autogestión, permitiéndoles celebrar convenios, administrar recursos y preservar sus sistemas normativos en cumplimiento de la reforma constitucional en materia indígena y afromexicana publicada en 2024.
Para abatir el rezago legislativo impulsando la dictaminación de las propuestas a través del cabildeo y crear la figura de la excitativa, el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) propuso reformar al artículo 279 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero.
El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para castigar con penas de 15 a 30 años de prisión a quien cometa el delito de extorsión a través de llamadas telefónicas, redes sociales y tecnologías de la información; se establece aumentar las penas cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) propuso adicionar el Código Penal del Estado para sancionar con cuatro y hasta siete años de prisión el uso indebido de la inteligencia artificial para alterar videos, audios, rostros o escenarios con la intención de hacerlos pasar como reales y afectar la reputación e integridad de las personas; se busca proteger a la población, especialmente a niñas, niños y adolescentes, de delitos como el grooming y la suplantación de identidad. El Grupo Parlamentario de Morena pidió adherirse a la misma.
DICTÁMENES
Las y los diputados también aprobaron diversos dictámenes de reformas al Código penal del Estado para sancionar el abandono injustificado de una mujer embarazada con penas de seis meses a tres años de prisión; sanciones de uno a cinco años de prisión por fraude familiar; para para castigar a quienes encubran a feminicidas con penas de uno a cuatro años de prisión y de 50 a 200 días de multa y para establecer sanciones de 6 meses a 2 años de prisión contra quienes se apoderen de animales domésticos sin consentimiento y con intención de lucro, causando daño a sus propietarios.
Asimismo, reformas al Código Civil para regular los incrementos en las rentas de viviendas, vinculándolos al índice de inflación determinado por el Banco de México y adiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado para fortalecer la transparencia y asegurar que las cuotas y descuentos destinados a la seguridad social de las y los trabajadores se manejen de manera adecuada, protegiendo su derecho a la seguridad social.
ACUERDOS
La diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 84 Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Ayutla de los Libres a tomar acciones por la temporada de incendios forestales, que comenzó en el mes de enero.
La diputada Luissana Ramos Pineda (Morena) presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 84 Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Ayutla sobre la prohibición del uso de recursos públicos en eventos y certámenes de belleza que fomentan la violencia simbólica y mediática en contra de las mujeres.
La diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena) propuso exhortar a la encargada de la dirección general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Alma Rosa Espíndola Galicia, perteneciente a la Secretaría de Cultura Federal, para coordinar políticas públicas con el Gobierno Estatal que permitan la inclusión lingüística en los municipios de Guerrero de profunda influencia indígena.
La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) propuso exhortar a las Secretarías estatales de la Mujer, del Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Pública, para que realicen campañas de difusión masivas para que niñas y mujeres sepan qué hacer y a dónde acudir en caso de sufrir violencia de cualquier tipo, y cuáles son exactamente sus derechos, incluyendo las mujeres indígenas y afromexicanas. Además, que informen las acciones que están realizando con relación a los exhortos presentados en el Congreso del Estado contra el acoso hacia las mujeres.
La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Salud Guerrero para que garanticen que en sus instalaciones se brinde la atención con perspectiva de género y respeto a los principios de pluriculturalidad y no discriminación a mujeres indígenas, principalmente en las ubicadas en municipios con alto porcentaje de población perteneciente a los pueblos originarios.
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