APRUEBA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
Esta tarde, con 343 votos a favor, 129 en contra y 0 abstenciones, quedó aprobada en lo general y en lo particular la minuta que expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, quedando abrogada la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La reforma extingue al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y transfiere sus funciones a una Agencia de Transformación Digital, que estará bajo control del Poder Ejecutivo, y a una nueva Comisión Reguladora, sin autonomía plena.
La reforma que causó controversia desde su propuesta fue aprobada con cambios mínimos; por ejemplo, se suprimió el artículo 109 que proponía otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones atribuciones para bloquear plataformas digitales, en una acción que la oposición y organizaciones sociales denunciaron como censura.
Sin embargo, se mantiene el artículo 209, fracción IX, que prohíbe transmitir en radio y televisión propaganda política e ideológica de gobiernos extranjeros, salvo promoción cultural, turística o deportiva.
Aquí dejamos los aspectos más relevantes de la reforma:
Se va el IFT: Se elimina el órgano autónomo que regulaba las telecomunicaciones desde 2014. Su estructura, personal y recursos serán absorbidos por el nuevo aparato gubernamental.
Poder concentrado: La Agencia y la Comisión DEPENDERÁN DEL EJECUTIVO FEDERAL, eliminando de facto el contrapeso regulador existente y abriendo la puerta al control político de medios y telecomunicaciones.
REGISTRO OBLIGATORIO A USUARIOS: Se exigirá CURP o RFC para activar líneas telefónicas, reforzando el control estatal sobre las comunicaciones personales.
Suspensión de trámites (propios de la materia): Se congelan por 60 días hábiles todos los procedimientos y licencias mientras se reorganiza el sistema.
Infraestructura sin obstáculos: Los estados y municipios no podrán impedir la instalación de redes, antenas o infraestructura. Todo se considerará de utilidad pública y jurisdicción federal. Especialistas afirman que esto podría desencadenar un control férreo de comunicación e información del ejecutivo sobre los estados.
Cobertura y conectividad: Se prometen planes para ampliar el acceso a internet, especialmente en edificios públicos y zonas rurales, pero eso sí, NO HAY CLARIDAD SOBRE PRESUPUESTO ANUAL NI MECANISMOS DE SUPERVISIÓN.
Usuarios y audiencias: Se incluyen disposiciones para garantizar derechos de personas con discapacidad y derechos de las audiencias, aunque quedan bajo regulación directa del nuevo órgano, ya no independiente.
DESTACAN LOS RIESGOS DE CENSURA; al centralizar la regulación, expertos y organismos civiles advierten posibles violaciones a la libertad de expresión, manipulación informativa y represalias contra medios críticos.
NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES A MODO: Las personas comisionadas de la nueva Comisión serán designadas directamente por el Ejecutivo, ratificadas por el Senado y no podrán reelegirse.
Se mantiene la figura de “agente preponderante”, pero con reglas aún ambiguas sobre cómo garantizar condiciones equitativas para otros operadores.
Esta reforma marca el fin de un modelo autónomo de regulación en telecomunicaciones y coloca en manos del Ejecutivo facultades clave sobre medios, redes y servicios digitales.
Tras su aprobación, la nueva norma --que sustituye a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ahora abrogada— fue enviada al Ejecutivo para su publicación.
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