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martes, 11 de agosto de 2026

¿QUÉ SIGUE?


Reflejos
* ¿Qué sigue?
Por: Glendobeth Gutiérrez Castrejón
 
Según algunas versiones, antes de que Alejandro Cervantes Delgado fuera postulado como candidato a gobernador, el joven Ángel Aguirre se le acercó para decirle que ligaría su suerte a la suya.  Por eso cuando su maestro llegó a Casa Guerrero, lo nombró su secretario particular en 1981.
 
Posteriormente ocupó otros cargos estatales.  Fue diputado federal y presidente del PRI de Guerrero.
 
Cuando Rubén Figueroa Alcocer solicitó licencia al Congreso del Estado, en 1996, lo relevó de manera sustituta.
 
A diferencia de otros ex gobernadores que se retiran de la política al concluir su mandato, estuvo activo, al grado que quiso regresar al Poder Ejecutivo Local, pero al no conseguirlo por su partido, lo hizo abanderando al PRD, PT y Convergencia —hoy Movimiento Ciudadano—, sucediendo a Zeferino Torreblanca Galindo en 2011.
 
Concluido su segundo mandato, tampoco se fue a descansar, continuó haciendo vida política y manteniendo su presencia, al grado que en su natal Ometepec y en distintos municipios guerrerenses, se refieren a él como “Papa Layo”.  También se puso a escribir su columna: “La Política es así”.
 
Según la vox populi, el grupo político que formó al interior del Sol Azteca y que lo siguió cuando dejó de militar en él, ya se estaba preparando para el proceso electoral de 2027.
 
Pero el 6 de agosto de 2026, fue detenido a las 9:49 de la mañana en el estado de México, por el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ocurrida en 2014.  Se pensó que eran rumores, después se confirmó que quién ocupó cargos relevantes en Guerrero, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano.
 
El 7 de este mes tuvo su primera audiencia, duró 7 horas.  Ahí le hicieron saber que le imputan los cargos por “obstrucción de la Justicia” y “desaparición forzada” y que estará en prisión preventiva.  El hombre de 70 años expresó: “Tengo mi conciencia tranquila y en paz”, algunos le creen, otros piensan distinto.
 
Hay quienes ahora no desean que los relacionen con él, en especial algunos que se desvivían por aparecer a su lado en la foto, eso no sorprende, bien dicen que a los amigos se les conoce en la cárcel y en la enfermedad.
 
Pero sí sorprende qué en las redes sociales, algunos abogados citen fundamentos legales a su favor y que diversas personas estén circulando invitaciones en las redes sociales, para celebrar misas en Ometepec, San Marcos, Acapulco, Chilpancingo y otros lugares.
 
Algunas gentes se cuestionan sobre si es culpable o no, porque no los liga una amistad, quizá alguna vez lo vieron de lejos o lo saludaron ocasionalmente, pero hasta ahí.  Sin embargo, su esposa, descendientes, hermanos, parientes cercanos, amigos íntimos y ex colaboradores, no dudan de su inocencia.
 
Será en los tribunales donde quienes lo acusan estarán testificando y presentando pruebas para sostener su dicho, donde sus abogados lo defiendan, donde él decida si continua firme o cambia de opinión.  Será un juez, quien determine si existen elementos suficientes para llevarlo a juicio y, llegado el momento, decidir si es culpable o inocente.
 
Si él se declara culpable o lo declaran así, tendrá que asumir las consecuencias, pero si el juez lo declara inocente, su figura quedará limpia.
 
Por lo pronto se desea que acusadores, defensores, testigos, autoridades, él y quienes podrían ser requeridos, se conduzcan conforme a la ley y conforme a los valores que la sociedad dicta como correctos, porque no está bien que paguen justos por pecadores, ni que tampoco nadie evada la justicia a costa del dolor de las personas, que por casi 12 años, han sufrido y lamentado la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
 
Más allá de los colores partidistas, cargos públicos, amistades, lealtades y diferencias ideológicas, está en juego algo más que el destino de un exgobernador.
 
Está en juego “la credibilidad de las instituciones”, “el derecho de las familias a conocer la verdad”, “la obligación de investigar”, “la responsabilidad de quienes tengan algo que explicar” y también “la posibilidad de que la justicia alcance a quien corresponda, sin importar quien sea”.
 
Hoy la pregunta, ya no está solamente en qué ocurrió en aquella noche de 2014, ahora se adiciona otra pregunta quizá más breve, pero tal vez más profunda: ¿Qué sigue? 
 
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Columna: "Reflejos"
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viernes, 7 de agosto de 2026

El exgobernador Ángel Aguirre Rivero, preso en el Altiplano por borrar las evidencias de Ayotzinapa

 El exgobernador Ángel Aguirre Rivero, preso en el Altiplano por borrar las evidencias de Ayotzinapa

Gilberto Guzmán
El 6 de agosto de 2026 marca un giro judicial en las investigaciones del caso Ayotzinapa tras concretarse la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero. Acusado de los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia, su captura desencadenó a lo largo del día una serie de pronunciamientos oficiales, revelaciones ministeriales y reacciones políticas que culminaron con su ingreso a un penal de máxima seguridad.
Los antecedentes de este hecho se remontan al 23 de octubre de 2014, cuando Aguirre Rivero solicitó licencia para separarse de la gubernatura, casi un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos". A pesar de haber declarado en el pasado que nunca participó en la construcción de la llamada "verdad histórica" junto al exprocurador Jesús Murillo Karam, y de mantenerse activo recientemente en la política estatal a través de la organización Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), las investigaciones bajo el nuevo modelo de la Fiscalía General de la República (FGR) modificaron por completo su situación legal.
La jornada judicial de este jueves comenzó por la mañana. A las 9:46 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) interceptaron y detuvieron al exmandatario de 70 años de edad sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de cobro de Tepotzotlán, en el Estado de México. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Aguirre quedó de inmediato a disposición del Ministerio Público Federal.
Horas más tarde, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, emitió un mensaje oficial para detallar las causas de la aprehensión. La fiscal explicó que el exgobernador fue detenido por orquestar, desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal, el ocultamiento y destrucción de evidencia clave. Específicamente, se le acusa de ordenar la desaparición de las grabaciones de las cámaras de seguridad 12 y 15 ubicadas al exterior del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales captaron a policías municipales y estatales deteniendo a los normalistas que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531 la noche del 26 de septiembre de 2014.
Para fundamentar estas acusaciones, la FGR reveló que cuenta con declaraciones recientes que desmienten la versión inicial sobre supuestas fallas técnicas en el sistema de vigilancia. En enero de 2026, un testigo colaborador confirmó que los videos sí existieron y que fueron sustraídos para entregarse directamente al entonces gobernador. Posteriormente, en mayo de este mismo año, un segundo testigo protegido declaró que Aguirre Rivero sostuvo una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno en la que instruyó explícitamente desaparecer cualquier evidencia gráfica de los hechos ocurridos frente a dicho recinto judicial.
Tras formalizarse las acusaciones, durante la tarde se llevó a cabo el traslado del exfuncionario. Ángel Aguirre Rivero fue ingresado formalmente al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México. En su registro de ingreso se documentó que vestía pantalón de mezclilla azul, playera tipo polo verde y chamarra azul marino.
Hacia el cierre del día, el impacto de la detención generó un eco inmediato en la esfera política, particularmente entre los actores que participan en el proceso electoral rumbo al 2027. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió un pronunciamiento respaldando a la FGR, calificando la captura como un paso clave en la lucha histórica por la verdad y la justicia.
A esta postura se sumaron prominentes figuras estatales, como la senadora con licencia Beatriz Mojica Morga y la exconsejera jurídica Esthela Damián Peralta, ambas aspirantes a la gubernatura de Guerrero. Mojica expresó su confianza en el actuar de la fiscal Ernestina Godoy y señaló que Ayotzinapa sigue siendo una deuda del Estado mexicano, mientras que Damián Peralta secundó el apoyo a las instituciones ministeriales, subrayando que las acciones penales responden a la exigencia de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos.

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Sra. Elvira Servín Arias

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