El exgobernador Ángel Aguirre Rivero, preso en el Altiplano por borrar las evidencias de Ayotzinapa
Gilberto Guzmán
El 6 de agosto de 2026 marca un giro judicial en las investigaciones del caso Ayotzinapa tras concretarse la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero. Acusado de los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia, su captura desencadenó a lo largo del día una serie de pronunciamientos oficiales, revelaciones ministeriales y reacciones políticas que culminaron con su ingreso a un penal de máxima seguridad.
Los antecedentes de este hecho se remontan al 23 de octubre de 2014, cuando Aguirre Rivero solicitó licencia para separarse de la gubernatura, casi un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos". A pesar de haber declarado en el pasado que nunca participó en la construcción de la llamada "verdad histórica" junto al exprocurador Jesús Murillo Karam, y de mantenerse activo recientemente en la política estatal a través de la organización Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), las investigaciones bajo el nuevo modelo de la Fiscalía General de la República (FGR) modificaron por completo su situación legal.
La jornada judicial de este jueves comenzó por la mañana. A las 9:46 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) interceptaron y detuvieron al exmandatario de 70 años de edad sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de cobro de Tepotzotlán, en el Estado de México. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Aguirre quedó de inmediato a disposición del Ministerio Público Federal.
Horas más tarde, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, emitió un mensaje oficial para detallar las causas de la aprehensión. La fiscal explicó que el exgobernador fue detenido por orquestar, desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal, el ocultamiento y destrucción de evidencia clave. Específicamente, se le acusa de ordenar la desaparición de las grabaciones de las cámaras de seguridad 12 y 15 ubicadas al exterior del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales captaron a policías municipales y estatales deteniendo a los normalistas que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531 la noche del 26 de septiembre de 2014.
Para fundamentar estas acusaciones, la FGR reveló que cuenta con declaraciones recientes que desmienten la versión inicial sobre supuestas fallas técnicas en el sistema de vigilancia. En enero de 2026, un testigo colaborador confirmó que los videos sí existieron y que fueron sustraídos para entregarse directamente al entonces gobernador. Posteriormente, en mayo de este mismo año, un segundo testigo protegido declaró que Aguirre Rivero sostuvo una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno en la que instruyó explícitamente desaparecer cualquier evidencia gráfica de los hechos ocurridos frente a dicho recinto judicial.
Tras formalizarse las acusaciones, durante la tarde se llevó a cabo el traslado del exfuncionario. Ángel Aguirre Rivero fue ingresado formalmente al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México. En su registro de ingreso se documentó que vestía pantalón de mezclilla azul, playera tipo polo verde y chamarra azul marino.
Hacia el cierre del día, el impacto de la detención generó un eco inmediato en la esfera política, particularmente entre los actores que participan en el proceso electoral rumbo al 2027. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió un pronunciamiento respaldando a la FGR, calificando la captura como un paso clave en la lucha histórica por la verdad y la justicia.
A esta postura se sumaron prominentes figuras estatales, como la senadora con licencia Beatriz Mojica Morga y la exconsejera jurídica Esthela Damián Peralta, ambas aspirantes a la gubernatura de Guerrero. Mojica expresó su confianza en el actuar de la fiscal Ernestina Godoy y señaló que Ayotzinapa sigue siendo una deuda del Estado mexicano, mientras que Damián Peralta secundó el apoyo a las instituciones ministeriales, subrayando que las acciones penales responden a la exigencia de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos.
